La práctica en derecho ambiental se desarrolla de manera preventiva, garantizando una mejor calidad de vida, contribuyendo también a obtener un menor costo de producción, además de evitar el costo de una eventual reparación de daños, concentrando su actividad en el seguimiento de la obtención de licencias y otros trámites con organismos ambientales.

El equipo está capacitado para asistir a los clientes en la defensa de intereses difusos y colectivos, ante órganos administrativos y judiciales, con profesionales capacitados para monitorear procesos administrativos tanto para la emisión de certificados como para infracciones ambientales, actuar en acciones civiles públicas y elaborar estudios e informes. de impacto ambiental y planes de recuperación.

La asesoría en Derecho Ambiental debe ser continua, al igual que las auditorías de verificación legal
para mantener las certificaciones ambientales son periódicas, para que el cliente pueda cumplir con la legislación.